El sistema sanitario durante el franquismo estaba basado en dos pilares: por una parte en la seguridad social, que tenía una cobertura poblacional alta, mayor del 81% , en 1977.
El otro se basada en la beneficencia, para los que no estaban asegurados ni tenían medios económicos, gestionada por los cabildos insulares y diputaciones, los ayuntamientos y entidades como la iglesia y la cruz roja. El sector más pudiente, si no tenía seguridad social, acudía a la medicina privada o tenía seguros particulares.
La seguridad social fue creada en 1942 como seguro obligatorio de enfermedad (SOE), sufriendo diversos cambios legislativos a lo largo d los años.
Inicialmente estaba dirigido a los trabajadores más débiles, y su familia, pero fue ampliando el número de trabajadores protegidos, y la cobertura de las prestaciones, a partir de la Ley de Bases de la Seguridad Social (LBSS), aprobada en 1963, y su texto articulado a finales de 1966.
El desarrollo normativo continuó en 1972 y 1974, cuando se aprobó el Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social.
Dentro del sistema de la seguridad social se incluía el régimen general de trabajadores por cuenta ajena, gestionado por el Instituto Nacional de Previsión (INP) y por las Mutualidades Laborales, y varios regímenes especiales, como el de trabajadores autónomos, el de trabajadores de actividades agrarias y el de los trabajadores del mar, regulados específicamente.
La gestión de los accidentes laborales y enfermedades profesionales del régimen general se atribuyó a las Mutualidades Laborales, que podían concertar los servicios con las llamadas entidades colaboradoras o con el dispositivo asistencial del INP. Las mutualidades gestionaban también las jubilaciones y las incapacidades relacionadas con los accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Otros regímenes especiales eran el régimen especial de las fuerzas armadas (ISFAS) y de los funcionarios civiles del estado (MUFACE), creados en 1975, así como el de los funcionarios de la administración de justicia (MUGEJU), establecida en 1978. Su peculiaridad es que sus beneficiarios tienen libertad para elegir proveedor, que pueden optar por ser asistidos por aseguradoras privadas o por la seguridad social.
En 1978 se realizaron dos reformas importantes: la creación del ministerio de sanidad y seguridad social, que asumía las competencias de sanidad, que hasta ese momento dependían del ministerio de la gobernación, y las de la seguridad social, y la reforma de la gestión de esta.
Entre otras decisiones, se crea el Instituto Nacional de La Salud (INSALUD), como entidad gestora de la asistencia sanitaria de la seguridad social, y otro ente estatal, la Administración Institucional de la Sanidad Nacional (AISNA) como responsable de la gestión de los recursos preventivos y asistenciales del estado.
Se suprimieron el Instituto Nacional de Previsión y otros organismos gestores, creando el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la gestión única de las prestaciones económicas, integrando a todas las mutualidades que tenían esas competencias y se mantuvieron las llamadas entidades colaboradoras, como las mutuas patronales.
Se crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales para la gestión de las prestaciones complementarias del sistema. Las competencias de empleo y universidades laborales se transfirieron al estado a través del Instituto Nacional de Empleo.
Los médicos de los hospitales eran asalariados y los de atención primaria cobraban por el número de cartillas que tenían adscritas. Podían compatibilizar el trabajo en la pública con la consulta particular o el trabajo en un hospital privado. Habían tres estatutos, uno para el personal médico, otro para el personal sanitario y otro para el no sanitario. Por eso se decía que personal de la seguridad social era estatutario y no laboral.x
La seguridad social tenía recursos propios, como los hospitales, los ambulatorios y consultorios, y además concertaba con los centros privados la derivación de pacientes, ya que el dispositivo era insuficiente.
Los cambios iniciados a partir de 1977 estaban dirigidos a ampliar la cobertura, aumentar la financiación y reorganizar los múltiples organismos responsables de la gestión de la asistencia sanitaria.
El otro pilar de la sanidad estaba basado en la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944. Esta ley regulaba los servicios preventivos y asistenciales de la administración central, de los cabildos y diputaciones y de los ayuntamientos.
En estas instituciones se atendía inicialmente a la mayoría de la población, ya que la cobertura del seguro obligatoria era muy baja. Había hospitales para tuberculosos, leproserías, psiquiátricos, hospitales generales, médicos de Asistencia Pública Domiciliaria y casas de socorro.
Los directivos eran los directores provinciales de sanidad, y los municipales, que recaía en los médicos de APD. Estos médicos se encargaban de la asistencia a los pacientes del censo de la beneficencia y de las tareas de salud pública.
Recuerdo, con nostalgia, las visitas de fin de semana a la casa del médico de Santa Lucia, donde una amiga de la promoción, Candelaria Hernández tenía plaza. Y a la casa de socorro del puerto, donde trabajaba Román. Fumábamos y bebíamos, pero teníamos pánico al SIDA, que mató a algunos amigos y amigas.
La reforma impulsada por el gobierno socialista comenzó por la atención primaria, que no existía como tal. Los ambulatorios eran pocos y las consultas eran de dos horas y estaban masificadas. Muchas personas acudían al medico privado. He de decir que mi primer trabajo de sustituto fue de ese tipo, y que me liquidaba ochenta pacientes en hora y media sin despeinarme, a pesar de que tenía que buscar el nombre de los medicamentos en el vademécum.
La Ley General de Sanidad no se aprobó hasta 1986, existiendo actualmente un texto consolidado, con los cambios efectuados desde entonces, que son poco significativos.
Previamente, en 1984, se delimitó el territorio en Zonas Básicas de Salud, y se la crearon los Equipos de Atención Primaria, comenzando la construcción de Centros de Salud. También se aprobó ese año la Ley de Incompatibilidades, una reivindicación de los médicos en paro. Había médicos que ocupaban varios puestos y queriamos que se repartiera el trabajo.
La reforma se notaba poco en el funcionamiento diario de los hospitales, más allá de los cambios en la estructura directiva.
La Ley General de Sanidad consolidó el modelo de Servicio Nacional de Salud, aunque siguió siendo financiado a través de las cuotas de la seguridad Social hasta 1979, dato que mayoría de la población desconoce, y sigue diciendo “yo he pagado mi seguridad social y tengo derecho a esto y aquello”.
Es cierto que el derecho a la asistencia sigue teniendo un carácter dual, ya que además de un derecho de los ciudadanos es una prestación de la seguridad social, siendo aplicable la legislación de la misma. En la practica se ha ido universalizando la asistencia incluyendo a los que no tenían derecho a esa prestación.
Asimismo, se descentralizó la gestión en los servicios de salud de la Comunidades Autónomas, reservando al estado la legislación básica, la sanidad exterior, las relaciones y acuerdos internacionales y la autorización de los medicamentos y productos sanitarios. En el caso de Ceuta y Melilla la gestión depende del ministerio de sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
Se creó un Consejo Interterritorial para intentar homogeneizar el funcionamiento de los servicios. La ley preveía, igualmente, la elaboración de un Estatuto Marco de todos los profesionales sanitarios, sustituyendo los existentes hasta ese momento.
Desde el punto de vista territorial, se establecieron la Áreas de Salud, vinculadas a un hospital general, que a su vez se dividen en Zonas Básicas de Salud, definiendo las funciones de los Centros de Salud.
En cuanto a los servicios sanitarios de las corporaciones locales, Cabildos y Diputaciones, que en Canarias gestionaban y financiaban varios hospitales, la ley estableció una disposición transitoria que dice:
“1. Las Corporaciones Locales que en la actualidad disponen de servicios y establecimientos sanitarios que lleven a cabo actuaciones que en la presente Ley se adscriban a los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, establecerán de mutuo acuerdo con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas un proceso de transferencia de los mismos.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la adscripción funcional a que se refiere el artículo 50.2 de la presente Ley se producirá en la misma fecha en que queden constituidos los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. Desde este instante, las Comunidades Autónomas financiarán con sus propios presupuestos el coste efectivo de los establecimientos y servicios que queden adscritos a sus Servicios de Salud.
3. Las Corporaciones Locales y las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos a efectos de la financiación de las inversiones nuevas y las de conservación, mejora y sustitución de los establecimientos.
4. En todo caso, hasta tanto entre en vigor el régimen definitivo de financiación de las Comunidades Autónomas las Corporaciones Locales contribuirán a la financiación de los Servicios de Salud de aquéllas en una cantidad igual a la asignada en sus presupuestos, que se actualizará anualmente para la financiación de los establecimientos adscritos funcionalmente a dichos servicios. No se considerarán, a estos efectos, las cantidades que puedan proceder de conciertos con el Instituto Nacional de la Salud.
5. Las cantidades correspondientes a los conciertos a que se refiere el apartado anterior se asignarán directamente a las Comunidades Autónomas cuando se produzca la adscripción funcional de los establecimientos de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de la presente disposición transitoria”.
Nuestra actividad política y sindical en ese periodo era de critica y oposición al PSOE, a través de la Organización Canaria para la Defensa de la Salud, demandando más inversiones en atención primaria, para la construcción de centros y contratación de médicos, las transferencias de las competencias sanitarias, del estado, la creación del Servicio Canario de la Salud y la integración de los hospitales de los cabildos en este, la universalización de la asistencia a toda la población y la aplicación efectiva de la ley de incompatibilidades.
En esa esa época había gerentes de atención primaria y de hospitales, así como directores provinciales del INSALUD. Por la parte del gobierno de Canarias estaba el consejero de sanidad, que tenía las competencias de salud pública. Había Estatuto de Autonomía desde 1982.